La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) reaccionó en un parte de prensa a los hallazgos del informe delGovernment Accountability Office (GAO) titulado “Characteristics of the IslandsMaritime Trade and Potential Effects of Modifiying the Jones Act”. Su presidente, Arq. Pablo L. Figueroa, entiende indispensable que la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, realice un estudio similar al que se realiza cuando se implanta un tratado de libre comercio, para verificar el impacto que tiene el tratado en la economia, las empresas y el consumidor de los países que suscriben el tratado. El estudio complementaría la ausencia de datos a la que hace referencia el propio estudio del GAO.
Según la CCPR, llama la atención que el estudio reconoce que el Acta Jones es unaLey dirigida a proteger la marina mercante, los astilleros y garantizar la continuidaddel servicio de transporte marítimo entre Estados Unidos y Puerto Rico. Sinembargo, el mismo estudio reconoce que las embarcaciones bajo la bandera americana ya casi han concluido su vida útil de 40 años, por lo queson menos eficientes, particularmente en el consumo de combustible; comparadocon un promedio de 11 a 12 años de las embarcaciones extranjeras, que la mano deobra mercante extranjera es más eficiente, incluyendo los procesos de construcciónnaval y que ha habido un aumento en las importaciones de productos extranjerosutilizando embarcaciones extranjeras.
En otras palabras, según la CCPR, la propia Ley dirigida a proteger la industria marítima derrota el propósito parala cual fue creada, perjudicando al protegido. "Esto muy probablemente obedece a que la libre competencia, no el proteccionismo, es la quereduce los precios y aumenta la calidad de los bienes y servicios. Las leyesproteccionistas, aunque por lo general bien intencionadas, eliminan toda presiónpara ser la eficiencia e innovador creando distorsiones en los precios,perjudicando la economía y haciendo a las empresas objeto de dicha protecciónmenos competitivas".
“El que el estudio reconozca la poca capacidad de la marina mercantede los Estados Unidos de suplir tanqueros para el trasporte de combustibles aPuerto Rico abre la puerta a solicitar que se excluya la Isla de las leyes decabotaje, para propósitos del transporte de combustibles”, apuntó Figueroa.
Según la CCPR, llama la atención que el estudio reconoce que el Acta Jones es unaLey dirigida a proteger la marina mercante, los astilleros y garantizar la continuidaddel servicio de transporte marítimo entre Estados Unidos y Puerto Rico. Sinembargo, el mismo estudio reconoce que las embarcaciones bajo la bandera americana ya casi han concluido su vida útil de 40 años, por lo queson menos eficientes, particularmente en el consumo de combustible; comparadocon un promedio de 11 a 12 años de las embarcaciones extranjeras, que la mano deobra mercante extranjera es más eficiente, incluyendo los procesos de construcciónnaval y que ha habido un aumento en las importaciones de productos extranjerosutilizando embarcaciones extranjeras.
En otras palabras, según la CCPR, la propia Ley dirigida a proteger la industria marítima derrota el propósito parala cual fue creada, perjudicando al protegido. "Esto muy probablemente obedece a que la libre competencia, no el proteccionismo, es la quereduce los precios y aumenta la calidad de los bienes y servicios. Las leyesproteccionistas, aunque por lo general bien intencionadas, eliminan toda presiónpara ser la eficiencia e innovador creando distorsiones en los precios,perjudicando la economía y haciendo a las empresas objeto de dicha protecciónmenos competitivas".
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