Turismo asignó $2 millones para empresas vinculadas a la industria de visitantes, mientras Desarrollo Económico amplió su programa para pequeñas y medianas empresas. Las iniciativas buscan contener el impacto económico de las interrupciones programadas en el servicio de agua.
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| Directora ejecutiva de Turismo, Willianette Robles Cancel |
SAN JUAN — El Gobierno de Puerto Rico amplió este lunes su respuesta económica a las interrupciones del servicio de agua potable, con dos programas que ofrecerán hasta $10,000 por negocio a pequeñas y medianas empresas y a compañías del sector turístico que hayan sufrido pérdidas o disrupciones operacionales.
La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) destinó $2 millones a un nuevo programa, denominado Plan de Incentivos Mano Amiga, mientras que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) duplicó de $5,000 a $10,000 la ayuda máxima disponible bajo su programa de Recuperación Económica.
Las medidas representan un intento del Gobierno de contener las consecuencias empresariales de las interrupciones programadas de agua, que desde junio han afectado a municipios de la zona metropolitana y otras regiones. Para muchos negocios —particularmente restaurantes, hospederías y empresas que atienden directamente al público— la disponibilidad de agua es indispensable para mantener sus operaciones.
Los dos programas tienen alcances distintos y, según las reglas anunciadas, una empresa que haya recibido fondos del programa de Recuperación Económica del DDEC no podrá recibir también el incentivo de Turismo.
Turismo crea fondo de $2 millones
El programa de la CTPR estará dirigido específicamente a negocios relacionados con la industria turística y ofrecerá hasta $10,000 por empresa, sujeto a la evaluación de cada solicitud y a la disponibilidad de fondos.
Entre los negocios que podrán solicitar se encuentran restaurantes, paradores, casas de huéspedes, bed & breakfasts, hostales, empresas de agroturismo y ecoturismo, ecoestancias y operadores de turismo náutico, entre otras categorías.
Un elemento particular del programa es que los solicitantes no tendrán que contar previamente con el endoso de la Compañía de Turismo. Los negocios que todavía no estén endosados podrán comenzar ese proceso al presentar su solicitud, aunque obtener el endoso será un requisito para participar del programa.
La agencia evaluará, entre otros factores, el grado de afectación ocasionado por la falta de agua, las interrupciones y pérdidas experimentadas por el negocio, su impacto turístico y comunitario y el riesgo de un cierre prolongado. Los solicitantes también deberán presentar un plan de recuperación y continuidad operacional.
La gobernadora Jenniffer González Colón describió la ayuda como una herramienta para preservar tanto las operaciones como los empleos vinculados al turismo.
“Las empresas turísticas son parte esencial del desarrollo económico de Puerto Rico y del bienestar de miles de familias que dependen de esta industria”, dijo la gobernadora al anunciar el programa.
La directora ejecutiva de Turismo, Willianette Robles Cancel, señaló que los incentivos pretenden aumentar la capacidad de los negocios para enfrentar situaciones extraordinarias sin comprometer la experiencia que ofrecen a los visitantes.
Desarrollo Económico amplía quién puede cualificar
Paralelamente, el DDEC modificó las reglas de un programa que ya había establecido para negocios afectados por las interrupciones de agua ocurridas desde el 1 de junio.
El cambio amplía considerablemente su alcance. El límite de ventas anuales para participar aumentó de $350,000 a $1 millón, mientras que la ayuda máxima se duplicó a $10,000.
La nueva estructura establece cuatro niveles. Las empresas con ventas anuales de hasta $175,000 podrán recibir $2,500; aquellas con ventas de hasta $350,000, $5,000; hasta $700,000, $7,500; y los negocios con ingresos de hasta $1 millón podrán recibir un máximo de $10,000.
Para cualificar, las empresas deberán tener 25 empleados o menos y estar ubicadas en alguno de los 15 municipios incluidos por el programa: San Juan, Bayamón, Guaynabo, Canóvanas, Carolina, Corozal, Loíza, Naranjito, Trujillo Alto, Vega Alta, Gurabo, Aguas Buenas, Juncos, Río Grande y Caguas.
“Sabemos la situación por la cual están atravesando muchos sectores de nuestra economía e hicimos los ajustes necesarios para poder ayudar a los pequeños y medianos empresarios más de lo proyectado inicialmente”, dijo Carlos J. Ríos Pierluisi, secretario del DDEC.
La agencia también redujo los documentos requeridos para solicitar. Entre ellos figuran una identificación vigente, declaración jurada, permiso único o carta de consulta, evidencia de patente municipal, la última planilla trimestral sobre retención a empleados y el certificado de Registro de Comerciante.
El costo económico de la falta de agua
Los anuncios ponen de relieve el aspecto económico de una emergencia que hasta ahora ha estado dominada por sus consecuencias sobre el suministro de agua.
Para una empresa pequeña, una interrupción prolongada puede representar algo más que la pérdida de ventas durante determinadas horas. Restaurantes y hospederías, por ejemplo, pueden enfrentar costos adicionales para adquirir o almacenar agua, limitaciones sanitarias, reducción de horarios, cancelaciones y pérdida de inventario o de clientes.
La creación de un programa separado para el turismo también refleja la exposición particular de una industria cuya actividad depende, en buena medida, de que restaurantes, alojamientos y operadores puedan prestar servicios de forma continua.
No está claro todavía cuántos negocios podrán beneficiarse del nuevo fondo turístico. Si cada empresa recibiera el máximo de $10,000, los $2 millones asignados serían suficientes para atender unas 200 empresas. El número real podría ser mayor si las adjudicaciones individuales resultan inferiores al máximo permitido.
Tampoco se informó en los anuncios cuánto dinero adicional supone para el Gobierno la expansión del programa del DDEC ni cuántas empresas han solicitado o recibido hasta ahora sus incentivos.
El DDEC comenzó, además, una serie de visitas a los municipios afectados para orientar a comerciantes y asistirlos con las solicitudes. Las próximas jornadas están previstas para Juncos y Gurabo el 11 de agosto; Trujillo Alto y Guaynabo el día 12; Naranjito y Vega Alta el 13; y Caguas el 19.
La ampliación de las ayudas ofrece un alivio inmediato para algunos empresarios, pero también pone de relieve un problema más amplio: el costo que las interrupciones de infraestructura pueden trasladar a la actividad económica. Para los negocios afectados, la prueba será si una asistencia de hasta $10,000 resulta suficiente para absorber esos costos mientras se normaliza el servicio.







