La Coalición del Sector Privado acordó solicitar que el Secretario de Hacienda ejerza la potestad que le provee la ley de posponer por 60 días la implementación de la segunda fase de IVA. A su vez, recomendarán a la legislatura y al Gobernador que en ese periodo de tiempo se legisle para posponer hasta el 2017 la implementación de dicho impuesto.
Existe un consenso entre los miembros de la Coalición del Sector Privado que, dada la situación frágil económica del vive el país y su sector empresarial, se debe auscultar la posposición de la introducción del sistema de Impuesto de Valor Añadido (IVA) que entraría en vigor el próximo 1ro de abril, indicó Francisco Montalvo, coordinador de la Coalición del Sector Privado.
“Es importante destacar que el componente principal de fiscalización del sistema del IVA consiste en la emisión del comprobante fiscal, que es un documento controlado por el gobierno. Como ha sido informado por el Departamento de Hacienda, este medio de fiscalización del comprobante fiscal no estará disponible para el 1 de abril. Como parte de nuestro compromiso con el bienestar económico del país, el Colegio de CPA estará nombrando a un comité inter-organizacional integrado por CPAs y representantes de la AIPR, CCPR, APPR entre otros, que identificará y propondrá recomendaciones en materia fiscal y contributiva que sea el resultado del consenso del sector privado y que facilite la implementación efectiva del sistema de impuesto al consumo. El Colegio de CPA reitera su respaldo al impuesto al consumo como la base principal del sistema contributivo del país, siempre y cuando venga acompañado de una reestructuración de la contribución sobre ingresos, las contribuciones municipales y las contribuciones a la propiedad, así como la reorganización gubernamental”, indicó la CPA Zulmarie Urrutia Vélez.
“Toda iniciativa que aumente costos de operación a las empresas y el costo de vida a los puertorriqueños debe ser pospuesto inmediatamente”, indicó Carlos Rivera Vélez, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. El problema que presenta la Ley vigente es que tiene el efecto de generar un aumento de costos de hacer negocio para muchos contribuyentes. Al mantener demasiadas exenciones y limitar los créditos, el sistema se convirtió en una especie del arbitrio al comercio. Esto lo que produce son aumentos de precios lo que a su vez aumenta el costo de vida, añadió.
“Tenemos que ser prácticos. Es decir, en estos momentos, tenemos que alejarnos de la discusión del problema conceptual y teórico del sistema. Ni el Departamento de Hacienda, y mucho menos los empresarios y comerciantes, están preparados para el nuevo sistema Hay mucho que digerir, demasiada duda, demasiada incertidumbre. Ante este cuadro, tomando en consideración todas las cargas que se nos han impuesto al sector productivo del País, el Gobernador, los Legisladores y el Secretario de Hacienda deben preguntarse: ¿es práctico implementar este sistema en estos momentos ocasionando más problemas de los que ya hay? La respuesta obligada es No. Por eso, tienen que posponerlo”, expuso el Lcdo. Ramón Pérez Blanco, presidente de la Asociación Productos de Puerto Rico.
