Mañana jueves es un día decisivo para resolver el asunto de los marbetes
en el Tribunal, según expresó Enid Monge de Pastrana, presidenta del Centro
Unido de Detallistas (CUD). La entidad continúa su oposición al reglamento que se pretende imponer a los comerciantes en relación a la venta de marbetes. Cuando el CUD impugnó en corte el reglamento junto a los centros de
inspección, el Tribunal concedió hasta mañana para que los asesores legales mostraran
evidencia de jurisdicción en un memorial explicativo, para contrarrestar la moción de sentencia
sumaria que sometió Hacienda.
El Reglamento Núm. 7831 del Departamento de
Hacienda impone a los centros de inspección la responsabilidad de procesar la
prima del seguro obligatorio y otras funciones en beneficio de la Asociación de
Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (ASC), que es un
asegurador privado.
Cabe destacar que en 2010 el CUD acudió al Procurador del
Pequeño Negocio, así como al Ombudsman,
para denunciar el incumplimiento del Reglamento Núm. 7831 en
franca violación a la Ley de Flexibilidad Administrativa. Por los pasados dos
años su aplicabilidad se aplazó por determinación de los pasados Secretarios, hasta
tanto se promulgara un reglamento nuevo que atendiera las deficiencias serias
contenidas en el Reglamento 7831.
La Presidenta del CUD explicó que ya
tiene en sus manos el escrito que se presentará ante el Tribunal para
evidenciar que las funciones impuestas por esta reglamentación incrementan
significativamente los costos operacionales de estos comercios, así como el uso
de sus empleados para cobrar una prima en lucro exclusivo de una empresa
privada.
“Este reglamento es una acción sin
precedente, donde una agencia del gobierno impone a todo un sector empresarial
del País unas funciones y labores en beneficio exclusivo de una entidad
privada. Alguien tiene que asumir estos
costos y no es justo que sea el comercio o el consumidor puertorriqueño, dado
que actualmente las aseguradoras cobran al consumidor, como parte de la prima,
una partida para el pago de estos costos de adquisición. Así mismo, otros aseguradores privados pagan
a los centros de inspección por este trabajo. Lo establecido en este estatuto
regulatorio es inconstitucional, por lo que se debe redactar un reglamento
nuevo que se atempere a las necesidades reales de esta industria”, expresó
Monge de Pastrana.
“De
continuar esta práctica, tendría un serio impacto en el sector. Bajo este
concepto los centros de inspección no podrían seguir cobrando los derechos de
licencia ni vender los marbetes, sin pagar la fianza, lo cual afectaría a más
de 1.8 millones de consumidores. Actualmente, cerca del 60 por ciento del total
de marbetes se venden en centros de inspección”, puntualizó la Presidenta del
CUD.
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