Previo a las enmiendas, los incentivos estaban limitados a los productores y altos ejecutivos de la industria. Las enmiendas amplían el paquete de incentivos para beneficiar también a artistas y 
al personal técnico que labora en la producción de películas, de manera que sea  más atractivo Puerto Rico para la realización de producciones.
Tras la firma de la ley original en marzo de 2011 (Ley 27 de
 Incentivos Económicos para la Industria Fílmica) se han realizado en la Isla unas 
28 producciones fílmicas, que han generado, según el gobierno, una inversión de $80 millones y la creación
 de sobre 15,000 empleos durante el período de filmación. Los proyectos realizados en la Isla recientemente incluyen Runner, Runner, de Fox/New Regency; Fast Five, de Universal Pictures; Pirates of the Caribbean, de Disney Pictures; The Losers, de Warner Brothers; y series de televisión como The River y Off the Map, de la cadena ABC; White Collar y Royal Pains, de USA Networks; Eastbound and Down, de HBO y The Big C, de Showtime.
Además, se ha llevado a cabo un agresivo plan de promoción de Puerto Rico como destino fílmico en los mercados de Estados Unidos
 y Europa, que ha logrado un aumento en la cantidad de visitas para 
búsqueda de localidades de estudios y casas productoras como Lionsgate, Paramount Pictures, Universal, Disney, Sony, Lifetime y MTV. Esto incluye también casas productoras que típicamente no miraban a Puerto Rico, como por ejemplo RedBox Productions, Silver Productions y Paradox
 Entertainment. La ampliación de esta Ley impulsa una diversificación en
 la cartera de proyectos acogidos a los incentivos, más allá de 
largometrajes, para incluir comerciales, documentales, series de televisión y conciertos en vivo.
Como
 parte del esfuerzo puesto en marcha por esta Administración a través 
del Modelo Estratégico para una Nueva Economía (MENE) y la integración 
del sector privado para impulsar el desarrollo económico de la Isla, el 
Gobernador cuenta con el Consejo Asesor sobre el Cine y los Servicios Creativos,
 que desde su creación han formado parte de la discusión de ideas y 
planes para fomentar la industria y hacerla una más competitiva.
Según la directora ejecutiva de la corporación de Cine, Mariella 
Pérez, en Puerto Rico "nunca se había logrado tener un 
paquete de incentivos contributivos tan completo que posicione a la Isla
 como un centro fílmico de clase mundial".
Mientras,
 el presidente del Consejo Asesor del Gobernador sobre Cine y Servicios 
Creativos, el licenciado Antonio Sifre sostuvo que "estamos muy 
optimistas que estas enmiendas al paquete de incentivos y estos nuevos 
cambios completan la oferta para continuar cerrando la brecha 
competitiva con otras jurisdicciones. Este ha sido un año exitoso para 
la industria de cine, tanto para las producciones del exterior como para
 las locales. Esto tiene un efecto multiplicador, en el sentido que si 
vienen y tienen una buena experiencia, debemos ver en los años 
subsiguientes un incremento de producciones y a su vez, mayor 
inversión".
Mientras,
 el productor Luillo Ruiz, codirector del Puerto Rico Film Industry 
Cluster, indicó que "nosotros, la industria cinematográfica 
puertorriqueña, estamos bien complacidos con el apoyo 
incondicional que hemos recibido por parte de este gobierno, tanto a 
nivel central como legislativo, desde el primer día de su 
administración. El cine es una industria altamente competida 
internacionalmente y gracias a estas importantes revisiones a la Ley hoy
 podemos competir de tu a tu con cualquier país o jurisdicción del 
mundo".
Las
 enmiendas recién firmadas otorgan un crédito fiscal a la producción de 
un 20% al pago del talento no-residentes, incluyendo productores, 
directores, escritores y talentos frente a cámara. Este crédito 
complementará el actual incentivo de 40% sobre el pago a residentes de 
Puerto Rico tanto trabajadores como servicio, así como el crédito del 
20% en el gasto de talentos no-residentes. Igualmente, incluye medidas 
para promover el desarrollo de infraestructura técnica, estudios de alta
 capacidad y una drástica simplificación de los requisitos de 
elegibilidad para el crédito fiscal del 25% de infraestructura.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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