Thursday, October 4, 2018

Sector privado pide eliminación de impuesto sobre inventario


La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), la Asociación de Comercio al Detal, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, MIDA y la Asociación de Productos de Puerto Rico, se unieron a otras organizaciones que representan el comercio en la isla para expresar su oposición al impuesto sobre inventarios.

“Todos estamos de acuerdo de que este es un impuesto malo de verdad. Es regresivo, dañino y desincentiva que se mantengan los inventarios necesarios para cumplir con todas las necesidades de la empresa. Tuvimos que vivir la experiencia de María para que la gente y el propio gobierno se dieran cuenta de que es un impuesto perjudicial que pone en riesgo la garantía de abastos que las empresas deben tener para poder suplir a la ciudadanía ante emergencias como María o en su vida cotidiana. ¡Hay que eliminarlo ya!”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Kenneth Rivera Robles.

Añadió que “por lo perjudicial que ha resultado ser este impuesto hemos enviado comunicación al Gobernador y hemos redactado un anteproyecto de ley que presentaremos ante las Comisiones de Hacienda y Asuntos Municipales de la Legislatura, para que se exima a las empresas del pago de contribución sobre el inventario total de propiedad mueble. Ahora veremos quién hace qué por el bien del sector comercial y de la ciudadanía.” 

De igual manera, la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, la CPA Cecilia C. Colón Ouslán enfatizó en la necesidad de aprobar una reforma contributiva que resulte en un sistema equitativo, que impulse el desarrollo económico y competitividad de Puerto Rico. “Reiteramos la necesidad de que se considere con premura la aprobación de un proyecto de Reforma Contributiva que reduzca las tasas a individuos y corporaciones y elimine el IVU en el B2B. También es necesario transformar el sistema contributivo municipal. Se debe aprobar un proyecto que elimine el impuesto al inventario considerando otras alternativas de recaudos a los municipios como la auto tasación; la revisión del impuesto sobre la propiedad inmueble; la consolidación y simplificación del pago de las patentes municipales; y la optimización de fondos federales recurrentes. Para sustituir este impuesto, los alcaldes pueden además, fusionar servicios con otros municipios y así generar economías, tal y como lo establece nuestro Estudio de la Fundación del Colegio de CPA, que fue actualizado este año, incluyendo –particularmente—medidas de ahorro a los municipios para que se pueda transformar el sistema contributivo municipal”.  

La Asociación Comercio al Detal (ACDET), presidida por Iván Báez, destacó cómo la crisis experimentada por falta de abastos en inventarios es algo que no debe repetirse. “Vivimos en una isla con una temporada de huracanes que dura unos cinco meses del año. Ya vimos que este tributo al inventario ata las manos de los comerciantes, obligándoles casi a limitar sus capacidades de suministros; esto a pesar de ser muchas las ocasiones, desde que se impuso este dañino tributo al inventario, que  señalamos lo que podría ocurrir ante una emergencia real. Pues la emergencia llegó y el pueblo sufrió las consecuencias. ACDET lleva más de un año pidiendo que la eliminación del impuesto al inventario sea parte íntegra de la reforma contributiva, analizando y estudiando el proyecto con la legislatura por lo que lo acertado es que sea parte de la reforma y no se retrase más”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Productos de Puerto Rico Liliana Cubano, hizo hincapié en varias cifras que se incluyen en el anteproyecto de Ley. “La falta de disponibilidad de inventario es lo que se conoce en la industria como el ‘Out of Stock’”, explicó Cubano. “Según nuestros socios de la firma Professional Market Research, esta carencia normalmente en Puerto Rico puede alcanzar un 16%. De hecho, previo al huracán Irma estaba en un promedio [de] 13.89%. Luego del huracán María aumentó a un 44%. De enero a junio de este año la falta de abastecimiento se mantuvo en un 23.12%, y luego de eso, cerrando ahora el mes de septiembre, se ha mantenido en un promedio de un 20.35%. Ni siquiera hemos podido llegar al porciento más alto antes de Irma que era un 16%. Esto es trágico”. Cubano destacó que el impuesto al inventario no solamente aplica a los productos importados, sino a los productos hechos en Puerto Rico. “Eliminar el impuesto al inventario no es solamente una decisión para el desarrollo económico, sino que es una obligación moral”, dijo.

Otro empresario que dio la voz de alerta fue, Rafael O'Ferrall, presidente de MIDA, quien “retrató” las incidencias vividas en la industria de alimentos –particularmente en los supermercados, donde la mayoría de los productos son importados. “La falta de suministros ocasionó un caos en muchos sectores de la población, impactando la vida del más desventajado. Si este impuesto no existiera, los supermercados, mayoristas y distribuidores podrían aumentar espacios de almacén y crear más empleos para ayudar a nuestra economía.  Durante la emergencia se cerraron los accesos a medios adecuados para suplir las necesidades de alimentos y efectos de primera necesidad para el pueblo. Según nuestros detallistas y mayoristas, si no tuvieran la carga del impuesto al inventario, podrían incrementar los abastos de alimentos de 26 a 43 días lo que equivale a un aumento de 65%. Pero, por lo oneroso de conservar un inventario en Puerto Rico, donde –se venda o no el producto—se tiene que tributar por el mismo, el patrono se ve obligado a limitar los mismos.”

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