El cargo ambiental al servicio de agua representará un duro golpe al desarrollo económico, provocando cierres de negocios, quiebras y la pérdida de hasta 15 mil empleos, denunció ayer un grupo de organizaciones del sector privado, que se han unido para presentar alternativas para enmendar este nuevo cargo y para solicitar una moratoria.
Los principales portavoces del Grupo, Carlos Morell, presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE); Waleska Rivera, presidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico; Ismael Vega, presidente de la Junta de la Asociación de Hoteles y Turismo; José Izquierdo, presidente electo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y Manuel Cidre, presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico presentaron alternativas concretas para revisar el cálculo para dicho aumento. Los líderes del sector privado reclamaron la intervención urgente del Gobernador, ya que este asunto tiene mucho mayor impacto económico que el aumento propuesto en el precio de la leche.
El cargo que para algunos triplica la factura del agua responde a la imposición del Cargo por Cumplimiento Ambiental Regulatorio (CCAR) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que se puso en efecto el 1ro. de julio y que actualmente se encuentra bajo revisión ante un Oficial Examinador de la AAA.
Según Morell, presidente de ASORE, el grupo examinó la propuesta del CCAR en profundidad y llegó al consenso de dos alternativas que serían más viables para el sector y a la vez cumplen con las necesidades de recaudos de la AAA para el pago del cargo ambiental.
La primera alternativa es que se calcule el cargo del CCAR a base del consumo con un cargo de 10 centavos por metro cúbico para todos los usuarios de Puerto Rico. La segunda, que cada usuario comercial o industrial tenga la opción de acogerse a la tarifa aprobada por diámetro o la tarifa propuesta por volumen de consumo, sin alterar las tarifas aprobadas y propuestas.
Morell explicó que el cargo del CCAR impuesto por la AAA, se traduce en un aumento de entre $3,000 mensuales hasta millones de dólares anuales, dependiendo de los sectores de que se trate,lo que es “insostenible para cualquier negocio”.
Por su parte, Waleska Rivera, presidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, afirmó que el CCAR busca allegar fondos a la AAA pero ese aumento “es desmedido e injusto″. El nuevo cargo del CCAR intenta recaudar sobre $300MM adicionales, una cantidad mayor a los déficits totales reportados por la agencia. “De acuerdo al informe del Ingeniero Consultor y la Emisión de Bonos 2012 de 1.8 billones promovida por la AAA, lo que se necesita para afrontar el 2014 es una cantidad menor″, explicó.
Rivera recalcó que los cargos de CCAR no cumplen con los requisitos básicos de justicia, equidad y razonabilidad de cualquier revisión de tarifas ni con las condiciones y requisitos de rentabilidad publicados por la EPA por requerimiento congresional.
La empresaria reclamó una moratoria hasta que se decida la fórmula final. "Las facturas ya emitidas deben quedar en suspenso hasta que se determine cuáles son los nuevos criterios de facturación”, subrayó.
"Este aumento atenta contra del desarrollo económico, la competitividad y estabilidad del País. Va en contra de la política pública de esta Administración, la cual promete la creación de 50 mil nuevos empleos. En el caso del sector privado podrían verse afectados un total de 15 mil empleos. Por cada $20 mil que se le impone de carga al sector productivo del País se pondera la creación de un empleo nuevo y se amenaza la retención de un empleo ya existente”, indicó.
Manuel Cidre, Presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico agregó además que el CCAR representa también aumento de precios al consumidor y reiteró que la imposición de este cargo debe ser equitativa para todos sin sobrecargar al sector productivo del país.
Cidre añadió que los ingresos por concepto del CCAR ″sólo se deben utilizar para poder cubrir las mejoras capitales mandatorias requeridas a la AAA”. Cidre planteó que la AAA debe gestionar con la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Salud el enmendar el acuerdo de cumplimiento. El empresario aludió a que ya el aumento tarifario a todos los puertorriqueños, que entró en vigencia en julio de este año, recaudará entre 14% hasta 60% en los bloques de consumo por lo que allegará cientos de millones de dólares en ingresos adicionales a la AAA. “Ese es el dinero que se tiene que utilizar para el pago de gastos operacionales y otras deudas, no el del CCAR”, indicó.
Por su parte, Ismael Vega, presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en inglés) afirmó que “actualmente essumamente difícil para nuestro sector poder cumplir con las nuevas tarifas implantadas en Julio, ya que representan un sustancial aumento que no teníamos presupuestado. El CCAR adicional esla estocada final para nuestra industria, significará el final para muchas hospederías y la pérdida de miles de empleos.
“Es contradictorio que el Gobernador y miembros de su equipo económico presenten a los inversionistas y la comunidad financiera sus planes de desarrollo económico con estrategias específicas para potenciar el sector de turismo, y luego ver cómo directivos de otras agencias, como la AAA, hacen totalmente lo contrario proponiendo aumentos como los que hemos visto aquí, ciertamente se cumple el adagio de que tu mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Hacemos un llamado urgente al Gobernador de Puerto Rico y al secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó, a que intervengan ya que la propuesta de Alberto Lázaro cancela toda gestión en proceso y futura dirigida a crear empleos y potenciar la economía″agregó Vega.
Por su parte, el presidente electo de la Cámara de Comercio, José Izquierdo sostuvo que “un comercio que tenga que aumentar el costo de sus productos podría verse en un escenario donde sus ventas bajen y se impacte su supervivencia. Por eso antes de imponer otro aumento a los comercios e industrias que crean empleos, la AAA debe cobrar la deuda a las agencias de gobierno y sus municipios. Además deben corregirse los aspectos de pérdida de agua y agua nocontabilizada”.
“El aumento tarifario que hoy nos ocupa, es de tal magnitud que en una encuesta realizada a una muestra representativa de la matrícula de la Cámara de Comercio de Puerto Rico sobre un 96% de las respuestas indicaron que el aumento tendría un impacto directo a la capacidad competitiva del negocio, amenazaría directamente la continuidad de las operaciones, y obligaría a reducir turnos y/o personal” expresó Izquierdo.
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