En una reunión celebrada recientemente con el Secretario
de la Gobernación, Víctor Suárez, estuvieron presentes el doctor Carlos
Rivera Vélez y Jaime García, Presidente y Director Ejecutivo de la
Asociación de Industriales, respectivamente; el licenciado Ramón Pérez
Blanco y la licenciada Marilú Otero, Presidente y Vicepresidenta
Ejecutiva de la Asociación Productos de Puerto Rico, respectivamente; el
CPA Kermit Lucena, Presidente del Colegio de Contadores Públicos
Autorizados; el ingeniero José “Pepe” Izquierdo (en representación del
doctor José Vázquez Barquet, Presidente de la Cámara de Comercio); y el
profesor Francisco Montalvo, Coordinador de la Coalición del Sector
Privado.
Además, endosaron los cuatro factores fundamentales para
abordar la situación del País que el Gobernador presentó al sector
privado en su reunión del 30 de junio.
“Hemos decidido apoyar el proceso que el Gobierno ha
encaminado. Ahora bien, este proceso debe ser transparente, atendiendo
nuestras recomendaciones de forma integrada y como grupo representativo
de sector productivo más amplio del País”, expresó el licenciado Ramón
Pérez Blanco, presidente de la Asociación Productos de Puerto Rico,
mejor conocida como Hecho en Puerto Rico.
Por su parte, el doctor Vázquez Barquet, indicó que “la
participación activa del sector empresarial en todas las iniciativas que
se tomen para atender las recomendaciones del informe Krueger, es de
fundamental importancia para imprimir credibilidad a todos los
procesos".
Bajo esa misma premisa, el presidente de la Asociación de
Industriales de Puerto Rico indicó que: “nuestra comunidad empresarial y
profesional está unida. Somos nosotros los que, precisamente,
impulsamos y mantenemos a flote la economía del País. Mantenemos y
enfatizamos lo que habla sobre la unión del sector privado y la empatía
de que este problema es de todos y no del Gobierno solamente.
Reconocemos, además, que este es el resultado de décadas de trabajar
desunidos, sin una estrategia de País, operando en déficit, y bajo
algunas disposiciones federales que no toman en consideración la
realidad de Puerto Rico”.
En la reunión con el Secretario de la Gobernación, los
portavoces de la comunidad empresarial hicieron énfasis que, aunque la
lista de los elementos para atender la situación actual del País es
extensa, pudieron discutir cuatro puntos específicos, que de ser
atendidos de forma integral con las demás acciones del Estado respecto a
la negociación de la deuda y restructuración del Gobierno, podrían
tener consecuencias inmediatas en nuestra economía, y éstos son:
(1) representación del sector privado de Puerto Rico en la Junta de Control Fiscal;
(2) la realización de una reforma laboral;
(3) la revisión de los procesos de permisología y reglamentación para hacer negocios en el País y;
(4) la creación de una Junta de Desarrollo Económico con vigencia de 10 años.
Conforme lo establece la carta dirigida al Gobernador
Alejandro García Padilla, que fue entregada y leída por el propio Víctor
Suárez, los representantes del sector privado enfatizaron en que la
creación de la Junta de Control Fiscal y el desarrollo de un Plan de
Ajuste Fiscal es medular para la recuperación de Puerto Rico.
No obstante, recalcaron que para que tenga peso ante los
acreedores del País, debe contar con dos elementos fundamentales:
credibilidad y continuidad. En consecuencia, la Junta debe incluir dos
representantes del sector privado y, para reforzar la continuidad y el
plan que se adopte, debe tener una vigencia de 10 años.
El presidente del Colegio de CPA indicó que “la Junta de
Control Fiscal debe atender de forma expedita las cargas contributivas
al sector empresarial, así como al individuo. “En los últimos 2 a 3 años
se han impuesto sobre $3,000 millones en diversos tipos de impuestos
que han minado nuestra rentabilidad y nuestra capacidad de inversión”,
añadió Kermit Lucena.
Por lo tanto, el Plan de Ajuste Fiscal debe incluir como
objetivo reducir gradualmente la carga contributiva. “Una proyección de
aumento en ingresos contributivos al fisco debe provenir de crecimiento
económico y de captación, no así de aumento en tasas e imposición de
nuevos impuestos. La reducción de la carga libera capital a las empresas
para invertir en el crecimiento de la economía”, continuó Lucena.
Sobre la creación de una Junta de Desarrollo Económico la
misma sería una medular para delinear un mapa que saque a Puerto Rico
adelante. “Además de lo que se está haciendo a corto plazo, se debe
crear la Junta de Desarrollo Económico, la cual tendría la
responsabilidad de elaborar e implantar un nuevo modelo económico”,
indicó el ingeniero Pepe Izquierdo. Enfatizó, además, que para que
dicha Junta tenga credibilidad y continuidad, la composición de la misma
debe ser multisectorial y con una vigencia de 10 años.
La comunidad empresarial de Puerto Rico entiende que es
sumamente importante que se revise toda la legislación laboral estatal y
la federal aplicable a Puerto Rico a los fines que las empresas puedan
conseguir crear más empleos y capacitar a los empleados. Además, está
convencida que uno de los grandes obstáculos para crear nuevos negocios y
empresas o expandir, es la legislación sobre permisos y reglamentación,
así como los procesos.
“La legislación estatal sobre relaciones laborares ha
perpetuado un sistema que premia la otorgación de beneficios en lugar de
la productividad. Estamos listos para trabajar en una reforma que sea
prospectiva y balanceada. Con una reforma laboral, las empresas pueden
conseguir crear más empleos y adiestrar de mejor forma a los empleados
actuales. Además, el País debe moverse a eliminar la sobre
reglamentación y a ser más flexible el proceso de permisos. “Este es uno
de los mayores obstáculos que enfrenta el empresario y autogestor hoy
día en nuestro País. La reglamentación y permisología no puede ser una
que desincentive, desmotive, ni ate las manos de los comerciantes y
emprendedores en Puerto Rico”, sostuvo Pérez Blanco, presidente de Hecho
en Puerto Rico.
Las siguientes organizaciones endosaron la carta
entregada al Gobernador y participarán en el proceso de análisis y
redacción de los proyectos a someter al Gobierno
1. Asociación de Agricultores de Puerto Rico;
2. Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico, Inc. (AABI);
3. Asociación de Bancos de Puerto Rico;
4. Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico;
5. Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE);
6. Asociación de Constructores de Hogares;
7. Asociación de Contratistas Generales de América-Capítulo de PR;
8. Asociación de Hospitales de Puerto Rico;
9. Asociación de Industriales de Puerto Rico;
10. Asociación de Navieros de Puerto Rico;
11. Asociación de Productos de Puerto Rico;
12. Asociación de Restaurantes de Puerto Rico;
13. Cámara de Comercio de Puerto Rico;
14. Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos de Puerto Rico (MIDA);
15. Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico;
16. Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico;
17. Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico;
18. Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA);
19. Puerto Rico Internet Society;
20. PR 3000
Los portavoces del sector privado de Puerto Rico
salieron de la reunión bastante satisfechos con la receptividad
demostrada por el Secretario de la Gobernación y el diálogo que
sostuvieron. No obstante, esta semana el sector privado
convocará a una mesa redonda con los medios para abundar sobre lo
logrado en dicha reunión, y los próximos pasos a seguir.
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